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Lo irreparable contamina
Unas 120.000 toneladas de residuos electrónicos generará la Argentina en 2011. Expertos locales analizan el problema.

Como ocurría en la notable película Blade Runner –inspirada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? del visionario Philip K. Dick– en la que los replicantes (cybors dotados de una inmejorable apariencia humana) se rebelaban al tomar conciencia de que habían sido creados con una fecha de caducidad como cualquier frágil mortal, los productos electrónicos que consumimos también han sido diseñados para cesar.

A esa muerte precoz y no anunciada se la denomina “obsolescencia programada” y es una problemática que atañe a la calidad de los productos desde una perspectiva de ética empresarial –elegir entre componentes durables y aquellos que garanticen una vida útil breve y, por lo tanto, una necesidad de consumo anticipado. Pero, por sobre todo, la obsolescencia programada plantea el dilema de qué hacer con los residuos de una cultura que, cada vez más, prioriza el consumo y el descarte veloz y carente de criterio ecológico.

El ingeniero Mariano Fernández Soler ha investigado este tema en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): “La obsolescencia programada es una manera peligrosa en términos de sustentabilidad de acelerar el ciclo de consumo, a través de diversas estrategias que pueden ir desde el desgaste de los componentes y una ‘irreparabilidad’ calculada, hasta el cese del soporte técnico aduciendo obsolescencia. Por otra parte, la competencia entre distintas empresas puede acelerar esos tiempos de obsolescencia programada, a partir de publicidad e inducción a los consumidores para el reemplazo constante de equipos de uso cotidiano”, desliza. “De acuerdo con datos aportados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los celulares duran en promedio para el usuario unos 18 meses, siendo reemplazados y descartados luego de ese tiempo –señala Soler–. Solamente el uno por ciento son reutilizados. En la Argentina, la situación no es distinta”.

Fernández Soler no es tampoco benévolo con la industria informática, a la que le adjudica la misma lógica especulativa: “Las PC tienen un comportamiento similar, a partir de la renovación constante de sistemas operativos, software y hardware , al solicitarle al usuario cada vez más potencia de procesamiento”. Ejemplica: “Recientemente, Microsoft ha decidido dejar de dar soporte al sistema operativo Windows XP, que es más utilizado en todo el mundo, ya que acapara el cincuenta por ciento de los usuarios a nivel mundial”, detalla.

El problema de la contaminación generada por una sociedad que consume mucho y descarta rápido, es un punto neurálgico de la obsolescencia programada. Los investigadores del INTI estiman que en 2011 los argentinos desecharemos unas 120.000 toneladas de residuos electrónicos, lo que significan unos 3 kilos por habitante al año. Los datos locales son elocuentes: durante el 2010 se vendieron un millón de TV o LCD, unos 12 millones de teléfonos celulares, 1,2 millón de impresoras y cerca de 2,65 millones de computadoras (PCs, netbooks y notebooks). La chatarra electrónica derivada del “use y tire” contamina suelos, cursos de agua, ecosistemas y, dato no menor, seres humanos. Un reciente estudio realizado en EE.UU. estableció que la basura electrónica genera el setenta por ciento de la contaminación de metales pesados en basurales o rellenos sanitarios. Puntualmente, cada vez que se entierra una heladera o una computadora, se afectan recursos minerales no renovables.

“Toda la industria del software propietario –entiéndase Microsoft y firmas similares– trabaja con la obsolescencia programada, y esta política la aplican no sólo en la Argentina sino en toda Latinoamérica –afirma Vladimiro Di Fiore, experto en informática y miembro de la Asociación SOLAR (Software Libre Argentina)–, ya que en los países periféricos las multinacionales no producen sino sólo venden. Tal vez en los juegos para PC esto resulte más evidente: todo el tiempo se busca que la gente tenga sí o sí que consumir nuevos productos. Lanzan un juego y lo que los fabricantes exigen para poder usarlo es que, como requerimiento mínimo, tengas una máquina que no está en el mercado desde hace más de tres meses”. Di Fiore aporta otro ejemplo: “Los programas para chat o videoconferencia obligan a la gente a tener la última versión del sistema operativo que sólo funciona en una máquina de determinadas condiciones que, casualmente, no es la tuya”. Para eludir esta encerrona, el software libre ofrece, según Di Fiore, vías alternativas: “Hay proyectos en marcha que te permiten utilizar viejas terminales 486 en red, que funcionan perfectamente y no generan chatarra informática”.

Los profesionales del INTI también trabajan sobre este tema. La abogada Leila Devia explica la situación en la que se encuentra nuestro país: “Desde 2006 el INTI es huésped del Centro Basilea para América del Sur, que sirve a diez países de Latinoamérica y con el que hemos consolidado un proyecto para hacer un inventario de los e-waste (desperdicios electrónicos) en la región –explica. Pero en esta categoría no califican sólo computadoras y televisores, sino también otros aparatos que utilizan energía. Aplicamos las normativas de la Unión Europea (Wright y Ross) para ver cuál era el parque en nuestros países, pero hubo que circunscribirse a las computadoras porque el relevamiento era muy complejo”. Determinar qué destino tienen estos residuos y quiénes son sus generadores es la clave de la cuestión: “Otros tipos de residuos industriales tienen productores definidos, pero en el caso de los e-waste somos todos, porque todos consumimos heladeras, televisores y computadoras. Somos generadores de un residuo que podés calificar de sólido urbano pero que tampoco es basura”. De hecho, existen varios proyectos de ley en la región. En Brasil, por ejemplo, encuadran a los e-waste en la categoría “residuos sólidos urbanos”, pero casi todas las legislaciones le dan un rango especial. Devia precisa: “Son residuos que se generan en los domicilios, pero exigen tener un sistema de gestión especial. En la Argentina, desde 2008, hay un proyecto de ley presentado por Daniel Filmus, con media sanción del Senado, que apunta a acordar con todos los actores cómo será el sistema de gestión nacional”. Según la abogada, en América latina la estrategia más avanzada sobre qué hacer con la “chatarra electrónica” le pertenece a Colombia, y la Argentina intenta seguir esa línea. “El proyecto Filmus apunta a proteger el medioambiente de la contaminación generada por los residuos electrónicos, propone reciclarlos y categorizarlos de otra manera para generar productos que puedan ser más durables”.

 

fuente:  revistaenie

Actualizado el 02/08/2012 14:32